El próximo 1 de enero entra en vigor en Barcelona una de las normativa medioambientales más drásticas y sonadas de los últimos tiempos: la Zona de Baixes Emissions.
La medida propone proteger 95 km2 de los vehículos más contaminantes con el objetivo de la reducción de emisiones y la mejora de la calidad del aire. Afecta a más de 50.000 vehículos, un 20% del parque actual.
“L’1 de gener comencem a respirar tranquil·les” es el slógan que encabeza la web del Ajuntament de Barcelona dedicada a la calidad del aire y a explicar el proyecto de la Zona de Baixes Emissions. Con esta controvertida pero necesaria normativa el Ayuntamiento pretende evitar que los vehículos más contaminantes no puedan acceder a la zona comprendida dentro de las rondas. Una extensión veinte veces mayor que la denominada Madrid Central que ya hace unos meses que funciona en la capital española persiguiendo los mismos objetivos.
La medida, que según algunos datos, impedirá la entrada y circulación de más de 50.000 vehículos en la ciudad, sancionará a los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT a partir del 1 de abril de 2020. Así pues, durante el primer trimestre del año, los conductores que no cumplan con la normativa tan solo serán notificados del incumplimiento. La Zona de Bajas Emisiones afecta especialmente a los vehículos particulares, es decir, coches, motos y ciclomotores ya que se han excluído a vehículos de personas con movilidad reducidad, servicios de emergencia y servicios esenciales. Las restricciones estarán activas de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la tarde, horarios de mayor volumen de tráfico.
El funcionamiento es sencillo: si el vehículo no tiene etiqueta de la DGT, no puede entrar. Los vehículos sin etiqueta tendrán permisos especiales diez días al año para circular por el área restringida, previa autorización. El control se realizará mediante cámaras instaladas en diversos puntos de la ciudad y agentes de tráfico. Las sanciones podrían llegar a los 1.800 euros para reincidentes.
La Zona Baixa d’Emissions entrará en vigor no sin polémica y confrontación con colectivos de todo tipo. Por una parte las asociaciones ecologistas que consideran insuficiente la medida y que se debería ampliar también a los grandes cruceros o aviones que llegan a la ciudad y que contaminan mucho más que el vehículo privado.
Es el caso de la Plataforma per la Qualitat del Aire que reclama sin más demora una tasa anticontaminación en la Zona o peaje, medida que se ha demostrado mucho más eficaz que la que ahora aplica el consistorio de Barcelona. La plataforma, que agrupa a más de una treintena de asociaciones también reclama la mejora de la red de transporte público, control estricto sobre las industrias contaminantes y más educación y comunicación sobre la gravedad de la contaminación atmosférica.
Otra voz importante es la de la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias que acusa la medida de no ser equitativa socialmente ya que consideran que afecta especialmente al parque de vehículos antiguos, especialmente privados, de manera aleatoria (los vehículos de emergencia aunque sean contaminantes podrán circular). También acusa a los gobiernos de castigar a ciudadanos que hasta hace poco eran “premiados”. Es el caso de los incentivos a los vehículos diésel durante los años 90 y 2000 y que justamente ahora no podrán circular por la zona de bajas emisiones.
A pocos días de implementarse, la normativa genera aún algunos interrogantes, discusiones y titulares. El grupo municipal de Esquerra Republicana reclama una moratoria, que ya se aplicará en algunos casos, a las famílias con pocos ingresos, a pesar de que califican la medida de “poco ambiciosa y reactiva”. Junts per Catalunya reclama que se permita circular a motos y ciclomotores exentos de etiqueta al menos durante los dos próximos años y que se garantice un transición hacia los vehículos eléctricos de dos ruedas.
En los últimos días también ha aparecido una nueva polémica. Diversas asociaciones profesionales presionaban al Ayuntamiento para que flexibilizara la norma si los vehículos instalan un filtro antipartículas que redujera las emisiones. Una solución que el ejecutivo de Colau vería con buenos ojos y que la DGT podría promover. De esta manera se daría solución a la reclamación especialmente de sectores profesionales con un parque móvil en ocasiones envejecido.
Otra de las protagonistas en este escenario, sin duda son las motos. Vehículos ágiles y que forman parte del ecosistema de la ciudad. No en vano, la capital catalana es la ciudad con más motos de Europa. En 2016, casi un tercio de los vehículos censados en la ciudad eran motos y ciclomotores y prácticamente la mitad de desplazamientos de la ciudad se realiza a dos ruedas.
Se calcula que las restricciones afectarán al 40% de estas motos, lo que sin duda provocará un cambio de paradigma en la movilidad de la ciudad, a no ser que también instalen filtros para estos vehículos. En la mayoría de casos, las motos a pesar de ser muy antiguas, contaminan menos que vehículos de cuatro ruedas con distintivo. Otra de las paradojas e incongruencias de la nueva normativa.
Pero esto no acaba aquí. La Zona de Bajas emisiones se ampliará a toda el Área Metropolitana en las mismas condiciones de restricción presumiblemente en enero de 2025. Comprenderá la ciudad de Barcelona y los 32 municipios. De Castelldels a Montgat y de Barcelona a Castellbisbal, cubrirá un área de 636 km2 y beneficiará (o afectará) a más de 3 millones de habitantes.
